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El Plan Zanahoria: libertad vs. seguridad

By 1 de diciembre de 2011 No Comments

¿Se logrará reducir la inseguridad en las calles?

La propuesta de Susana Villarán de implementar el Plan Zanahoria en toda la capital, ha generado amplios debates. Por un lado, sus detractores señalan que se estaría violando el derecho a la libertad personal y que cada ciudadano debe y puede elegir cuándo, dónde y hasta qué hora beberá alcohol.

Aquellos que se encuentran a favor de esta propuesta indican, por su lado, que los índices de criminalidad han disminuido efectivamente en los distritos donde se ha venido ejecutando como La Victoria (hasta un 30%) y San Miguel. Además, señalan que las experiencias internacionales muestran también resultados favorables, como en Bogotá, Colombia.

Pero, ¿qué dicen las cifras?

Según el estudio ¿Quiénes son asesinados en Lima? publicado por Ciudad Nuestra en el 2010, la mayoría de asesinatos se cometen los días viernes (14,87%), sábados (14,07%) y domingos (22,26%). Así mismo, hay mayor incidencia de estos entre las 18 y 24 horas (31,27%) y entre las 0 y las 6 horas (28,12%). Además, la mayoría de asesinatos ocurrieron en la vía pública (46,7%) Y tuvieron como víctimas a hombres entre 20 y 29 años (29,99%) y entre los 30 y 39 años (26,33%).

Analizando las cifras se podría deducir que estos crímenes han sido cometidos a la salida de bares, luego de haber consumido alcohol en exceso. Cabe señalar que el asesinato es usado como referencia pues debe ser necesariamente reportado a la policía, y, por ende, registrado, cosa que no ocurre con otros actos delincuenciales como los asaltos y robos.

Si esto es así, entonces, el Plan Zanahoria sí podría disminuir los índices de criminalidad, sin embargo, ninguna acción debe realizarse en solitario. El éxito de este plan se encuentra en que forme parte integral de una estrategia de seguridad ciudadana que se complemente con campañas comunicacionales y educativas dirigidas a los ciudadanos, a los propietarios de los negocios nocturnos y a las autoridades encargadas de la fiscalización. Incluso, es necesaria la integración de esta política en la jurisdicción del Callao, lo que implica una importante y constante coordinación entre Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional.

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