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¿Otra más de un Congreso torpe?

El premio de este año al actor que más entorpece el desarrollo de nuestras ciudades se lo lleva, sin lugar a dudas, el Congreso de la República. ¡Bravo! No les bastó con aprobar la ley que permite ahora circular a los colectivos informales en todas las ciudades de nuestro país (a excepción de Lima y Callao –gracias a la intervención de algunos congresistas que van contra la corriente de la estupidez–).
 
Además, presentaron y ya se firmó la autógrafa de la ley que declara la ampliación del plazo de formalización de la propiedad urbana, abriéndoles la puerta a las mafias de tierras, pero, sobre todo, desconociendo la necesidad de que necesitamos no solo ciudades planificadas, sino, sobre todo, vivienda digna para todos. No, un título no otorga buenas condiciones de habitabilidad. La vivienda precaria es tan dañina para la vida de los ciudadanos que ahora en medio de la pandemia se ha demostrado con mayor fuerza aún sus efectos negativos. Resulta una burla que se pida que nos quedemos en casa cuando la mayoría de ciudadanos habita viviendas inseguras, vulnerables y hacinadas.
 
Ahora, como si no fuera suficiente, pretenden ampliar por seis y diez años las autorizaciones de las rutas de transporte público petardeando cualquier atisbo de reforma. Gracias a las opiniones contrarias, uno de los proyectos de ley fue retirado y se logró suspender el debate del segundo. Pero esta no es una victoria, al contrario. ¿Por qué diablos el Congreso querría meter mano en políticas urbanas que requieren análisis técnicos? La respuesta es populismo puro. Un intento por devolver los favores de los votos obtenidos a cambio de garantizar que el statu quo se mantenga y, en este caso, seguir con un transporte público de porquería. Una situación que conviene a unos pocos mientras muchísimos más sufren.
 

Así el Congreso le mete cabe al gobierno, que, para el caso de Lima y Callao, ha invertido en la Autoridad de Transporte Urbano con el objetivo precisamente de ordenar el sistema de transporte. ¿Por qué perpetuar un modelo que no sirve? ¿Qué trae congestión, pérdida de tiempo y muerte? Los conductores, por supuesto, deben procurar ser asimilados al nuevo sistema y se debe ofrecer programas de reconversión laboral para aquellos que queden fuera y para los cobradores.

Pero, ¿debemos sentir lástima por los propietarios de las rutas? ¿Por aquellos que han tenido décadas lucrando con la muerte en las pistas? ¿Por aquellos que no han hecho nada por modernizar sus rutas, por ser más fórmales y volverse sujetos de crédito? A la mayoría nunca les ha interesado. ¿Y ahora quieren que les creamos? Ni hablar.

Columna “Ciudad de M” por Mariana Alegre, Vía Perú21 aquí.  

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