”La inseguridad también deriva de la informalidad y desorganización del transporte."
Elohim MonardCoordinador de la prioridad Seguridad Ciudadana en la Oficina de Cumplimiento de Gobierno de la PCM
Tanto en Perú, como en toda América Latina, el crimen ocurre en mayor proporción en los centros urbanos: ciudades grandes o intermedias que crecen rápidamente con servicios limitados, desorden e inequidad. El IX Informe de percepción sobre calidad de vida en Lima y Callao, preparado por Lima Cómo Vamos, nos dice que el 81% de limeños y chalacos mencionan la inseguridad como el principal problema de su ciudad. Los desafíos para los alcaldes de estas y otras ciudades es ver la seguridad ciudadana como un asunto de gestión de la ciudad, que no se restringe a la cooperación entre policías y serenos, la provisión de vehículos para patrullar, y la construcción de centros de videovigilancia.
Para empezar, es cierto que más espacios públicos son importantes, pero cómo se construyen es más importante. Existe una corriente llamada “Prevención del crimen a través del diseño urbano” (CPTED, en inglés) que da alternativas arquitectónicas. Por ejemplo, recomienda facilitar la “vigilancia natural”, es decir, evitar rincones escondidos o lejos de la vista de los transeúntes, donde es más fácil que ocurra un crimen.[1] Otras ideas son de sentido común, como poner alumbrado público en lugares riesgosos.
Además del buen diseño, se le debe poner alma al espacio público. Con “alma” me refiero a las actividades que allí se desarrollan: cultura, deporte o ferias itinerantes; todo gratuito, para niños y adultos. Al poner una loza deportiva, el deporte no viene solo, tampoco los niños, menos la seguridad. Los espacios públicos deben tener un plan de actividades, atractivas y divertidas para los vecinos, que es organizado por la municipalidad, pero puede ser desarrollado por organizaciones locales o vecinos. Esto supone trabajar de la mano con la comunidad organizada, no solo en forma de juntas vecinales. En el ideal, las actividades deportivas y culturales son preventivas porque fomentan el buen uso del tiempo, más aún si tienen una mirada pedagógica que fortalece habilidades socioemocionales en niños y jóvenes.
La inseguridad también deriva de la informalidad y desorganización del transporte. Mientras se esperan las grandes soluciones metropolitanas, los alcaldes pueden organizar y formalizar a los mototaxistas, reglamentando sus zonas de tránsito, acreditando su oficio, y difundiendo esto entre los vecinos. Según la encuesta de Lima Cómo Vamos, alrededor del 20% de limeños de los NSE C/D/E utiliza este medio de transporte en un día regular. Por otro lado, los distritos con mayores ingresos pueden poner buses municipales gratuitos para recorrer lugares de mayor afluencia, como mercados, paraderos, centros de salud y colegios. En ciudades intermedias, afuera de Lima, se necesita empezar ya con la implementación de un transporte público de calidad, hoy a la merced de colectivos privados donde los delitos son más probables.
No he desarrollado aquí asuntos de otro talante, como abordar directamente el tráfico de terrenos (del que muchos alcaldes son cómplices), ni la fiscalización de lugares que son madrigueras del crimen (como mercados de autopartes o celulares robados). Hay mucho por hacer además de hablar de serenazgo y cámaras de videovigilancia, pero no quiero decir que esto no sea importante. La selección y capacitación de serenos, la rapidez de su respuesta ante casos de flagrancia detectada por cámaras de seguridad, y el intercambio de información con comisarios sobre los delitos registrados (no denunciados) es fundamental para identificar zonas críticas para el patrullaje estratégico. El mensaje es que la policía es necesaria, pero no suficiente, para la seguridad ciudadana. El aspecto urbano de la seguridad está en manos de los alcaldes.
[1] Sugiero revisar el informe “Espacios urbanos seguros: recomendaciones de diseño y gestión comunitaria para la obtención de espacios urbanos seguros” del Banco Mundial para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo: https://goo.gl/t9K765
Elohim Monard
Responsable de las prioridades Seguridad Ciudadana y Violencia contra la Mujer en la Presidencia de Consejo de Ministros. Docente e investigador del Laboratorio para la Ciudad del IDIC de la Universidad de Lima.
Lo que incrementa la inseguridad es el robo al paso principalmente de celulares (el año pasado decían que se robaban 6 mil celulares diarios), lo que se explica por el valor de dichos equipos y la facilidad con que los delincuentes se apropian de los mismo. Les genera una ganancia importante y muy rápida por su fácil comercialización en el mercado negro. Ese dinero fácil ha generado que muchos menores de edad también se dediquen a esa actividad haciendo sus víctimas a mujeres y menores.
Al delincuente difícilmente se le va a reprimir mediante la persecución policial y sería la historia de nunca acabar porque se atraparía a algunos y aparecerían más delincuentes porque la demanda seguirá existiendo. El lado más débil es el comprador de celulares robados que usualmente es un joven que desea un equipo que no puede comprar en tienda por su alto costo y por eso recurre a este mercado negro en donde le ofrecen hasta “garantía”. Este joven no tiene muy claro que lo que está cometiendo es un delito y que podría ser procesado y condenado (aunque la pena podría no ser efectiva). Se tendrían mejores resultados si en lugar de combatir la oferta (los ladrones y reducidores) se combate la demanda (los compradores) que básicamente no son delincuentes y a quienes se podría enviar una señal muy clara si se procesa y sentencia con una condena efectiva a los que compran celulares robados. Considero que de ese modo frente a la posibilidad de ir presos la demanda se reduciría sustancialmente y la oferta no tendría mucho sentido (nadie roba lo que no podría vender).